El ex secretario de Estado de Seguridad del ministerio del Interior en la época de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, Francisco Martínez, detenido en la última operación policial contra el conocido hacker José Luis Huertas, apodado Alcasec, ha recurrido en reforma y subsidiariamente en apelación su prisión decretada por la Audiencia Nacional. La representación legal del ex número 2 de Interior con Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio argumenta en su escrito que ya «ha dado todo lujo de detalles sobre los intentos, reales y o aparentes, de reinsertar en la sociedad a José Luis Huertas».
En su recurso contra el auto de prisión Martínez dice que «el auto recurrido no contiene ni una sola acción de D. Francisco Martínez en la que se le describa construyendo, cual paciente y avezado arquitecto jurídico, ese armazón legal sin el cual José Luis Huertas no habría podido llevar a cabo la actividad que se le imputa y que se califica de «red compleja» con «un alto nivel de sofisticación tecnológica y operativa».
Pero ¿cuál sería el papel de Martínez en esa operativa?, se pregunta su abogado que reitera, como ya explicó MONCLOA, que «Francisco Martínez (a través del despacho de abogados en el que presta sus servicios) se había limitado a la constitución de dos sociedades (Horus y Havenio) y a la llevanza de la contabilidad de la primera de ellas durante unos meses, lo que constituyen actos neutros propios de todo despacho de abogados mercantilista».
Y añade que «lo único con algo de concreción que se menciona en el Auto recurrido es una suerte de «blanqueamiento de imagen» de José Luis Huertas mediante iniciativas tendentes a introducirle en entornos académicos y profesionales legítimos».
Más adelante la representación procesal del ex secretario de Estado incide en que «Francisco Martínez ofreció en su declaración todo lujo de detalles sobre los intentos, reales y/o aparentes, de reinsertar en la sociedad a José Luis Huertas desde que le asistió como abogado siendo menor de edad, reconduciéndole desde el cibercrimen hasta la ciberseguridad, con el conocimiento y consentimiento de la Fiscalía de Menores, pues de eso se trataba y no de la ocultación de su actividad delictiva, como lo demuestra el hecho de que, pese a ello, se hayan incoado estas y otras causas penales contra José Luis Huertas».
En definitiva, resume el escrito, «todo lo anterior implica la falta de concurrencia de los dos primeros requisitos para acordar la prisión provisional de D. Francisco Martínez, ni siquiera indiciariamente, pues no se supera el universo de la especulación y de la sospecha en lo que respecta a su participación en el entramado criminal, entramado que en cambio sí le describe con todo lujo de detalle, evidenciando las carencias indiciarias de aquella participación».
Lo que pretendía el auto de prisión es que Francisco Martínez «borre la información supuestamente alojada por José Luis Huertas en el servidor suizo de la empresa Private Layer INC, con sede en Zurich, o en la nube de MEGA. Echamos en falta esa mención expresa a la prueba objeto de preservación», recoge el escrito.
El auto de prisión acusa a Francisco Martínez de asesorar a la madre de Alcasec y a esto argumenta su abogado que «sin saber en qué consistió exactamente ese asesoramiento telefónico a una madre orientado a destruir pruebas relevantes, entendemos que de su hijo, es muy difícil valorar la capacidad o más bien la «telecapacidad» de D. Francisco Martínez para hacer desaparecer las evidencias digitales del presente caso».
Además, en el acto de la vista o toma de declaración judicial, Martínez «facilitó todas las claves que recordaba para acceder al Dropbox, así como su colaboración plena e inmediata si aun así no lo lograba la Policía».
SORPRESA POR LA DETENCIÓN
La detención del abogado Francisco Martínez el pasado martes 27 de mayo, ex secretario de Estado de Interior junto al ex ministro Jorge Fernández durante el gobierno de Mariano Rajoy, llenó de sorpresa a su entorno personal y profesional. El primer sorprendido fue el propio Francisco Martínez, ya que desde hacía tiempo no tenía una relación profunda con el principal detenido, José Luis Huertas, conocido por su alias de hacker, Alcasec, con el que apenas tenía relación ya, aunque había sido su abogado mientras era menor. En una de sus últimas conversaciones con MONCLOA Martínez explicó que «he seguido asesorándole puntualmente y tratando de ayudarle».
Según un comunicado de la Policía Nacional, Alcasec, Francisco Martínez y Adrián Molina, amigo y socio del primero y un cuarto detenido en Andorra, el youtuber Álvaro Martín, formaban un grupo que «mantenía relaciones personales y profesionales de larga trayectoria, que fueron instrumentalizadas para expandir su estructura, legitimar socialmente su actividad y proyectar servicios de inteligencia».
A todos los detenidos les acusan de «los delitos de organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales. Estas personas constituían una red criminal de alta especialización tecnológica, cuya actividad se centraba en la obtención ilícita, procesamiento automatizado y explotación de información estratégica», añadía el comunicado de Policía Nacional.
Para la investigación, continuaba el comunicado, «se ha contado con la decisiva participación del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Policía de Andorra. Además, se ha contado con la colaboración internacional de la autoridad judicial de Andorra, la Magistrada de Enlace en Suiza, la Oficina Federal de Justicia y la Policía Judicial–SATI del cantón de Ticino, todos ellos países igualmente afectados por la actividad de esta red. Su cooperación ha sido esencial para el seguimiento de flujos económicos transnacionales y el aseguramiento jurídico de la actuación operativa».
OPERACIÓN BORRASKA CONTRA ALCASEC
La operación policial se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas. La red «había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales».
De hecho, Alcasec tiene pendiente la celebración de un juicio por su ataque al Punto Neutro Judicial y la presunta venta de los datos obtenidos de la DGT, Seguridad Social e incluso la misma Policía Nacional.
La Policía recogía que «la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas: administración tecnológica, desarrollo de herramientas de anonimato, gestión financiera a través de criptoactivos, asesoramiento jurídico, expansión internacional y comercialización en mercados oscuros. Uno de los miembros desempeñaba un rol clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a terceros países mediante contactos profesionales consolidados».
Y añadían una cuestión clave para entender la relación real de Francisco Martínez con todo este asunto: «La red instrumentalizó sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de “consultoría” que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales».
Efectivamente Martínez reconoció en su declaración ante la juez María Tardón de la Audiencia Nacional que había ayudado a José Luis Huertas, Alcasec, a formalizar su empresa Havenio Technology SL en marzo de 2024. Precisamente la empresa que investiga la Policía como la sociedad que supuestamente ha instrumentalizado toda la ingeniería de la supuesta trama.
Es la séptima vez que Alcasec es detenido, siempre por el mismo motivo, pero ahora, con 21 años, parecía haberse instalado como profesional serio con Havenio y con su socio Adrián Abad, ambos son administradores mancomunados de la sociedad.
Havenio está dedicada según el Registro Mercantil a «la prestación de servicios en los ámbitos de consultoría de negocio y gestió, consultoría tecnológica y formación, destinados a cualquier campo o sector, incluyendo informática, ciberseguridad, inteligencia artificial y telecomunicaciones». Pero para la Policía, de momento, todo era una tapadera.
