La ex alcaldesa de Jerez de los Caballeros (Badajoz), Virginia Borrallo, y actual asesora de Área en la Diputación Provincial de Badajoz, ha sido procesada por prevaricación administrativa por un juzgado de primera instancia pacense. Se da la circunstancia de que Borrallo ha sido una de las cinco candidaturas a la Asamblea de Extremadura que tuvo que dimitir para facilitar que Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y jefe de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, accediese a su acta de diputado regional y se convirtiese en aforado, de momento, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Hay que recordar que la documentación aportada por la Junta Electoral de Extremadura ante el Juzgado Central de Instrucción 3 de Badajoz recoge que la renuncia al acta de diputado que se ha quedado Miguel Ángel Gallardo Miranda se gestó el pasado 19 de mayo en «la sede regional del Partido Socialista Español en Extremadura, sita en (…) la avenida Eugenio Hermoso, número 21-23», en Mérida (Badajoz).
Las cinco renuncias de otros tantos candidatos a ocupar una vacante dejada por la ex jefa de gabinete del presidente de la Diputación de Badajoz han hecho posible que la lista corriese hasta Miguel Ángel Gallardo, que convirtiéndose en diputado consigue el aforamiento y eludir a la justicia ordinaria, en este caso al Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz que lo procesó por varios delitos relacionados con la corrupción.
Cuando se supo de esta argucia la juez requirió a la Junta Electoral de Extremadura que mandase toda la documentación relativa a la renuncia de cuatro candidatos, ya que la quinta, María de la Cruz Rodríguez Vegazo, decidió renunciar a su puesto cuando se conoció la transformación de las diligencias previas en acto de juicio oral contra su jefe, Gallardo, imputado al igual que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Llama poderosamente la atención que las renuncias de los cuatro candidatos se produjesen un día antes de que María de la Cruz Rodríguez presentase su renuncia como diputada de la Asamblea de Extremadura. También es significativo que los siguientes cuatro candidatos de la lista quedasen en mismo día en la sede del PSOE, donde les esperaba un notario, Gonzalo Fernández Pugnaire, «constituido previo requerimiento en la sede regional del Partido Socialista Español», según la documentación que ha recibido el juzgado 3 de Badajoz.
En la sede del partido firmaron su renuncia ante notario Pedro Blas Vadillo, la ahora procesada Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández.
La maniobra fue advertida por una de las acusaciones populares, la ejercida por la asociación Liberum, que puso denuncia ante el TSJEx y resumió los hechos: «Pues bien, justo el mismo día que la diputada cuya posición en la lista electoral correspondía con el número 18, a la sazón, Doña. María de la Cruz Rodríguez Vegazo renuncia a su acta como Diputada, el investigado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda procede a solicitar a la Junta Electoral la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura, después coincidentemente, de la renuncia de los cuatro candidatos electos, curiosamente, desde el puesto 19 hasta el 22, a saber: D. Pedro Blas Vadillo; Doña Virginia Borrallo; D. Juan Fco. Ceballos y Doña María Dolores Fernández, para que, finalmente, le correspondiera al puesto 23, esto es, a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda asumir el cargo de diputado por la vacante producida por la renuncia de aquella que ocupaba el puesto 8. En total tuvo que producirse cinco renuncias para lograr que la lista corriera hasta el puesto designado al investigado y acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda», añadía ese escrito.
Sin embargo, ahora se sabe que la diputada Rodríguez Vegazo dimitió el 20 de mayo de 2025, un día después de que los cuatro candidatos siguientes dimitieran ante notario. De esa manera, Gallardo sólo tuvo que tomar su acta el 21 de mayo y convertirse en aforado.
IMPUTACIÓN DE LA EX ALCALDESA
Y añadían que después de «darse esta inusual renuncia al acta de diputada y la remota cascada de cuatro renuncias de candidatos de la lista electoral que dan un paso atrás (en total cinco
personas afectadas), es cuando justamente su Secretario General en Extremadura a unas horas de dictarse el Auto de Apertura de Juicio oral se persona para recibir por la Junta Electoral la credencial de Diputado por la Asamblea de Extremadura el día 21 de mayo».
Pues bien, ahora esa maniobra de aforamiento ha dejado sin posibilidad de que Virginia Borrallo accediese a su acta de diputada. La dirigente socialista es adjunta al Secretario de Organización Regional del PSOE y fue vicepresidenta de la Diputación mientras era alcaldesa de Jerez de los Caballeros.
Ahora, un juzgado de Instrucción de esa localidad transforma las investigaciones en procedimiento abreviado tras la denuncia de Carlos Boza, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Jerez de los Caballeros.
El auto de procesamiento, dictado por la juez Ana María González Olalla, especifica que «se considera que existen indicios suficientes contra la investigada cuando en su condición de Alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, se licitó para la contratación de tres obras de cubrición de pistas en los polideportivos de las tres pedanías Valuengo, La Bazana y Brovales, siendo los tres proyectos idénticos, fraccionándose dichas tres obras de construcción en trece contratos diferentes, de los cuales diez recibieron la calificación de contratos menores».
Trocear los contratos en menores significa que la adjudicación de los mismos no tienen que pasar la fase de concurso público y pueden ser adjudicados a dedo. «En concreto en Valuengo la obra se presupuestó en 118.466.94, se realizaron cuatro contratos menores: El primero a favor de FAMPARC por valor de 25.000 euros el 6 de junio de 2018. El segundo a favor PARCELECO por valor de 25.000 euros el 11 de octubre de 2018. El tercero a favor PARCELECO por valor de 22.400 euros el 11 de octubre de 2018. El cuarto a favor de HIERROS Y ACEROS MACARRO por valor de 25.000 euros», continúa el auto.
En Brovales, sin embargo, se realizaron tres contratos menores: «El primero a favor de GRÚAS BANCALERO por valor de 18.345 euros el 11 de octubre de 2018. El segundo a favor de GRÚAS BANCALERO por valor de 25.000 euros el 11 de octubre de 2018. El tercero a favor LUIS GÓMEZ BAENA E HIJOS por valor de 17.703 euros en febrero de 2019», prosigue el auto.
En La Bazana, se realizaron tres contratos menores: «El primero a favor de FLORES CARRASCO SERVICIO Y OBRAS por valor de 18.345 euros el 11 de octubre de 2018. El segundo a favor de FLORES CARRASCO SERVICIO Y OBRAS por valor de 25.000 euros el 11 de octubre de 2018. El tercero a favor FLORES CARRASCO SERVICIO Y OBRAS por valor de 25.000 euros en febrero de 2019».
Y además, explica el auto, «no se acredita que por la naturaleza u objeto del contrato fuera necesario la realización independiente de cada una de las partes del contrato por división en lotes, de manera que el contrato del sector público firmado pasare a ser una pluralidad de contratos menores con cuantía inferior a 40.000 euros que de este modo no quedaba sujeto a los requisitos de publicidad y adjudicación que se requiere para contratos de cuantía superior, dado que cada una de las tres obras constituía una unidad funcional».
Por tanto, continúa la magistrada, «nos encontramos ante un delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el art. 404 del Código Penal. Dicho delito se haya comprendido en el ámbito objetivo previsto en el art. 757 de la LECr para el procedimiento abreviado. Procede, de conformidad con lo prevenido en el art. 779.1. 4ª del mismo texto legal, acordar la continuación de las presentes Diligencias Previas como Procedimiento Abreviado (…)».
La juez da traslado a las partes para que se pronuncien sobre si los hechos son constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa y formulen escrito de acusación durante los próximos diez días.
