Una de las promesas incumplidas, entre tantas otras, a sus socios de Gobierno por parte de Pedro Sánchez es la inclusión del las lenguas cooficiales de España, especialmente el catalán, como idiomas oficiales dentro del Parlamento Europeo.
Esto no es un tema baladí para los nacionalistas que apoyan al decaído Sánchez, por los casos de corrupción. Es una forma de legitimar sus pretensiones nacionalistas dentro del entorno de la UE. Algo que de momento ha sido complicado y parece difícil, por lo menos este años 2025.
En este sentido, como dato curioso y que trae desconcertado al Ministerio de Defensa que dirige el verso libre que es Margarita Robles. El entono de la ministra sigue sin entender que gran parte de las defensas antiáereas y armas de largo alcance, como los misiles Taurus, estén en las fronteras de los países bálticos. Es decir, Lituania, Letonia y Estonia.
Y más cuando desde esa región se asegura que esta presencia militar española, que Sánchez está dispuesta a aumentar, viene ofrecida a cambio del voto de estos países a favor para la aprobación del catalán, el euskera y el gallego como idiomas oficiales del Parlamento Europeo. Una decisión curiosa, que a priori se aleja de estándares militares y estratégicos para su toma. Cierta parte del ejército lo ven como algo poco serio.
CATALÁN PRIORIDAD PARA CONTENTAR A PUIGEMENONT
La oficialidad del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea volverá a la mesa de discusión de los ministros de Asuntos Generales el próximo 18 de julio. A pesar de las marcadas reservas de al menos media docena de países, España ha insistido en reabrir el debate, aunque aún está por definirse si se tratará como un punto de información o para una posible adopción.
Desde el ejecutivo de Sánchez se prioriza el catalán para dar solución al malestar de Carles Puigdemont, la pata menos estable del apoyo al Gobierno de Sánchez. Y que exige una solución inmediata a esta promesa fallida desde el ejecutivo central.
Será la segunda vez este año que el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas se aborde a nivel ministerial en Bruselas. En mayo, España intentó someter la cuestión a votación, pero la falta de apoyos, en un tema que requiere unanimidad, la obligó a retirar su petición.
Los debates previos, tanto a nivel de embajadores como en la reunión ministerial de mayo, dejaron en evidencia que la propuesta española está lejos de alcanzar la unanimidad necesaria. Varias delegaciones consideran «prematuro» pronunciarse sobre un asunto que, según fuentes europeas, apenas se ha discutido a fondo entre los 27 Estados miembros. Además, persisten «serias dudas» sobre el encaje legal de la iniciativa y su impacto económico y práctico.
La propuesta española sobre la mesa de los ministros plantea la oficialidad del catalán, euskera y gallego a partir de 2027, aunque con una implementación parcial. Desde esa fecha, solo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que en la última legislatura representó menos del 3% de todos los actos jurídicos comunitarios. Para mitigar las preocupaciones sobre el coste, el Gobierno español ha incluido una declaración comprometiéndose a asumir todos los gastos, a diferencia de lo que ocurre con las lenguas oficiales de la UE. Sin embargo, no se ha proporcionado una cifra específica de lo que esto supondría.
PRÓXIMA PRESIDENCIA DANESA
El asunto regresa a la agenda del primer Consejo de Asuntos Generales (CAG) bajo la nueva presidencia danesa. La incógnita reside en si el punto se programará «para adopción», como insiste España, o si se limitará a un «intercambio de puntos de vista». La decisión final sobre el formato se tomará la próxima semana, cuando los embajadores de los 27 repasen la agenda del CAG.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español, se ha confirmado que el ministro José Manuel Albares y el Secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, ya han abordado el tema con sus homólogos daneses. «España cuenta con el apoyo y colaboración por parte danesa y ha pedido llevarlo al próximo CAG para decisión», señalan fuentes del Ministerio.
No obstante, algunas fuentes cercanas al gobierno indican que la presidencia danesa alberga «dudas» sobre volver a programar un punto para adopción, especialmente después de que al menos seis delegaciones expresaran reservas este mismo miércoles. A pesar de esto, reconocen que es poco habitual que una presidencia no atienda a una petición expresa de un Estado miembro.
COSTOS Y ESCOLLOS LEGALES
Cuando España intentó por primera vez la oficialidad de las lenguas en el segundo semestre de 2023, la votación también fue aplazada a la espera de un análisis en grupos de trabajo del Consejo. Sin embargo, este encargo no se concretó, y Madrid optó por buscar acuerdos bilaterales directamente con las capitales.
A la falta de una evaluación detallada de su coste —existe una estimación preliminar de Bruselas que cifra la medida en 132 millones anuales, basada únicamente en la experiencia del gaélico—, se suman los reparos de los servicios legales. Estos han advertido sobre sus dudas respecto a si una modificación del reglamento de lenguas podría llevarse a cabo sin una reforma de los Tratados de la Unión. Aunque la opinión del equipo legal del Consejo no es vinculante, varias delegaciones no ven con buenos ojos avanzar sin su respaldo.
El debate sobre la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas en la UE parece estar lejos de una resolución, enfrentándose a un complejo entramado de consideraciones políticas, legales y económicas.
